Derecho de Persona

El departamento de Derecho de Persona engloba el Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho contencioso-administrativo y Derecho Procesal.

El Departamento de Derecho de la Persona de DiG Abogados cuenta con destacados abogados especializados en dar una respuesta integral y adecuada a las diversas necesidades que se puedan requerir en todas aquellas cuestiones que afecten de manera directa a cualquier persona en cualquiera de sus diferentes vertientes.

El Departamento se divide, principalmente, en tres áreas especializadas de práctica: (i) Civil, (ii) Penal y (iii)  Administrativo y Contencioso – Administrativo; dedicándose a cada una de ellas un equipo de profesionales  con consolidada experiencia, capacidad y conocimientos en la legislación y práctica concernientes a su correspondiente área.

Derecho Civil

El Área de Derecho Civil, tiene como razón de ser la prevención o resolución de conflictos de toda índole en las que  cualquier persona se pueda ver implicada. Nos estamos refiriendo tanto desde el punto de vista familiar, como en aquellas cuestiones más personales y privadas o, por supuesto, en todos aquellos aspectos que puedan tener transcendencia económica.

Desde el Área de Derecho Civil y, entre otros aspectos, prestamos servicios de las siguientes características:

En relación a las cuestiones de índole familiar, actuaciones de índole preventivo (como la formalización de capitulaciones matrimoniales o pactos previos a la convivencia) como de índole resolutivo tras la existencia de conflictos de pareja (separación, divorcio); y ya se lleven a cabo de mutuo acuerdo o sin éste (proponiendo los Convenios Reguladores que sean más adecuados atendido el supuesto personalizado de que se trate); tanto los que se produzcan en el ámbito matrimonial, como en supuestos de uniones de hecho; y, lógicamente, tanto si afectan a menores de edad como si no. O en el caso que, de forma sobrevenida, deban modificarse los puntos establecidos en los Convenios Reguladores o Planes de Parentalidad que se hubieran formalizado para regular las normas que deben regir en caso de separación o divorcio.

A lo largo de la vida de una persona se pueden dar situaciones que obligan a efectuar determinadas actuaciones que tienen como finalidad velar por sus intereses más esenciales o los de sus seres queridos (como el establecimiento de tutelas para personas que puedan necesitar una especial protección, por razones de edad, enfermedad, etc.) o, incluso, intentar evitar perjuicios que se pudieran llegar a generar para la mismas (procedimientos de incapacitación, siempre bajo la supervisión judicial).

Y esta misma actuación preventiva se da en los supuestos de planificaciones hereditarias o asesoramiento en la formalización de testamentos o disposiciones que recojan la voluntad de la persona para el momento en que ya no esté. Cuando está actuación ya no es preventiva sino que se produce como consecuencia de la defunción de la persona, nos ocupamos de todas las actuaciones relativas a la tramitación de la herencia (haya o no haya testamento). O cuando se producen situaciones derivadas de una titularidad compartida de un inmueble y del que se pretenda su división en propiedades individuales o, simplemente, para evitar propiedades compartidas sobre un misma inmueble o finca.

También nos podemos encontrar con aspectos que tengan una transcendencia económica (reclamaciones a efectuar contra terceros o que le efectúen) o que puedan provenir de conflictos que se pueden ir generando. Por ejemplo, todas las cuestiones relativas a Comunidades de Propietarios o conflictos entre vecinos; actuaciones en la que se vea inmerso por una mala actuación profesional que considere que ha padecido y cuando reciba este tipo de reclamaciones por mala praxis o presuntas negligencias profesionales. O como en supuestos, desgraciadamente tan habituales, como los derivados de accidentes de circulación.

O todas aquellas cuestiones derivadas del uso de inmuebles, ya sea en régimen de propiedad [su adquisición o venta controlando todas las cuestiones esenciales o los documentos preparatorios para ello (arras, opciones de compra, opciones de venta)] o en régimen de alquiler, formalizando los documentos esenciales para ello.

Y en todas aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas de forma amistosa, siempre dispondrá de nuestro asesoramiento y colaboración si debe acudirse a la vía judicial en defensa de sus intereses.

Derecho Penal

El Área de Derecho Penal (como su propio nombre indica) se ocupa de todas aquellas cuestiones que pueden tener un componente punible, ya se refieran a cuestiones preventivas (asesorando en aspectos que pudieran llegar a ser perseguibles si se efectuaran, por lo que se pretende efectuar un asesoramiento que vele por el adecuado cumplimiento de la normativa) como ya desde el punto resolutivo, una vez se ha producido el hecho; y ya sea desde el punto de vista de la víctima, ya lo sea desde el punto de vista del presunto responsable.

Y abarcando todo tipo de situaciones, tales como los delitos que se produjeran en el ámbito familiar, en el ámbito social (conflictos que deriven en agresiones, lesiones, amenazas), que puedan afectar a intereses de la Administración o al interés general (defraudaciones fiscales o a la Seguridad Social, tráfico de drogas o sustancias ilegales); o delitos más personales (como pueden ser los delitos contra la intimidad, insultos…) o que, finalmente, puedan tener un componente económico (estafas, robos, alzamiento de bienes…).

Derecho Administrativo /Contencioso-administrativo

El Área de Derecho Administrativo se ocupa de todas aquellas cuestiones derivadas de la relación que se mantiene con la Administración, ya sea desde la solicitud de cualquier tipo de licencia o permiso, o la tramitación cuando se produzcan expedientes administrativos que le puedan afectar personalmente (como los relativos a sanciones administrativas de toda índole o cumplimiento de las normativas de aplicación en cada municipio) o cuando se entienda que la aplicación de la normativa administrativa vulnera sus derechos como ciudadano.

Cuando la vía administrativa no concluye con una resolución satisfactoria para ambas partes, debe acudirse a los tribunales de justicia que serán los que resolverán el conflicto abierto con la Administración. Y es entonces cuando se abre la vía judicial (la vía contencioso – administrativa), para la cual se facilitará el adecuado asesoramiento para la defensa de sus intereses

Como resumen, nuestro objetivo, en definitiva, es proporcionar a cualquier persona un asesoramiento global en todas aquellas cuestiones que le puedan afectar o en las que se vea afectado, adaptándonos a las necesidades específicas en cada supuesto. Y, siendo importante la actuación en materia de resolución de conflictos existentes, debemos intentar siempre adoptar las actuaciones preventivas procedentes para evitar situaciones que se pudieran llegar a originar con posterioridad si no se han adoptado las medidas adecuadas. En cualquier caso, el Departamento de Derecho de la Persona de DiG Abogados se encuentra a su incondicional disposición para proporcionarle el asesoramiento que se merece en aquellos aspectos que puedan ser de su interés.


Responsable del Departamento

Sr. Romà Bosch

Abogado

Llamar