La responsabilidad patrimonial de la Administración es el derecho que tienen los ciudadanos a ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Según el artículo 106.2 de la Constitución Española, este derecho está garantizado siempre que se cumplan ciertos requisitos:
Toda persona, particular o empresa, que haya sufrido un perjuicio derivado de la actuación administrativa tiene derecho a presentar una reclamación. En DiG Abogados, analizamos cada caso con rigor para ofrecerle las mejores soluciones jurídicas.
Especialización contrastada:
Nuestros abogados tienen una dilatada experiencia en el ámbito del derecho administrativo, con numerosos casos exitosos en reclamaciones contra la Administración Pública.
Estrategia personalizada:
Cada caso es único. Diseñamos un plan de actuación adaptado a las particularidades de su situación para maximizar las posibilidades de éxito.
Tramitación integral:
Nos encargamos de todas las etapas del procedimiento, desde el análisis inicial hasta la representación en tribunales, asegurando una gestión eficiente y profesional.
Resultados garantizados por la experiencia:
Hemos obtenido indemnizaciones significativas para nuestros clientes en casos relacionados con negligencias médicas, daños en infraestructuras públicas y retrasos administrativos, entre otros.
Negligencias médicas:
Reclamaciones por errores en diagnósticos, tratamientos inadecuados o cualquier otra actuación negligente en centros sanitarios públicos.
Daños en infraestructuras públicas:
Accidentes ocasionados por el mal estado de carreteras, aceras, edificios o cualquier instalación de titularidad pública.
Retrasos administrativos:
Perjuicios derivados de la demora injustificada en la resolución de procedimientos administrativos.
Normativas declaradas nulas:
Situaciones donde una norma o disposición administrativa es anulada y causa un daño directo a particulares o empresas.
Análisis preliminar:
Evaluamos la viabilidad de tu reclamación, identificando los elementos necesarios para sustentarla.
Reunión de pruebas:
Recopilamos y organizamos toda la documentación esencial, como informes periciales, certificados y cualquier evidencia que respalde su caso.
Reclamación administrativa:
Presentamos un escrito detallado ante la Administración responsable, argumentando de manera sólida tu derecho a ser indemnizado.
Recurso contencioso-administrativo:
Si la Administración no responde o deniega la reclamación, interponemos un recurso ante los tribunales, representándole en todo el proceso judicial.
El plazo general para presentar una reclamación es de un año desde que se produjo el daño o se tuvo conocimiento del mismo. Actuar con rapidez es clave para evitar la prescripción de su derecho.
Abogados Especialistas en Responsabilidad Patrimonial
La responsabilidad patrimonial de la Administración es compleja. En DiG Abogados, te ayudamos a obtener la indemnización que mereces.
Nos encargaremos de toda la gestión en tu nombre
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