Toda inspeccion de hacienda se inicia mediante la remisión de una notificación y finaliza con un acto de liquidación.

El plazo de duración del procedimiento es de 18 meses. No obstante, este plazo se amplía a 27 meses en determinados supuestos legalmente tasados (cifra neta negocios superior 5,7 millones €, grupos consolidados, operaciones vinculadas internacionales, …)

Para el computo de estos plazos, ya no se tienen en cuenta las dilaciones imputadas al contribuyente (retrasar  o no aportar la documentación requerida), por lo que para evitar problemas con los plazos, hemos tenido conocimiento que la inspección va a empezar a aplicar de manera sistemática (hasta ahora, debido a su gravedad, era una medida muy excepcional), la sanción prevista en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, por obstrucción a las actuaciones de la Administración tributaria que, en caso de ser persistente (no atender dos requerimientos), consiste en un 2 por ciento del importe de la cifra de negocio, con un mínimo de 10.000 euros.

A la inspeccion de hacienda, puede comparecer el propio contribuyente o un representante debidamente autorizado. Si por la circunstancia que sea, se considera conveniente (falta de confianza, …), es  posible cambiar de representante durante la tramitación del procedimiento.

Respecto a la documentación requerida por la inspeccion de hacienda, resulta absolutamente imprescindible revisar todos y cada uno de los documentos que se van a aportar, ya que el representante no es un mero mensajero, y ha de tener pleno conocimiento de todo cuanto se aporta. En este sentido, cabe precisar que la documentación que no se aporte en la fase de inspección, salvo casos muy concretos y excepcionales, no podrá ser aportada en una posterior reclamación ante los tribunales.

Las actuaciones inspectores finalizan con un acta: de conformidad, de disconformidad o de acuerdo, y de las mismas deriva una liquidación que contiene la deuda tributaria (la cuota que la inspección entiende que no se ingresó en su día y los intereses de demora), y que en caso de disconformidad, será el objeto de la reclamación ante los tribunales.

Salvo contadas excepciones, tras la liquidación se inicia un expediente sancionador que finaliza con la imposición de una sanción.

Debido al bajo índice de recuperación de deuda por parte de los órganos de recaudación, en los últimos tiempos se están adoptando medidas cautelares para garantizar el cobro de las deudas, consistentes en el embargo de créditos, de bienes, …también se están generalizando los procedimientos de derivación de responsabilidad a los administradores, a los responsables, … en este sentido,  nos consta porque así lo están manifestando responsables del departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria en foros especializados, está previsto que se intensifiquen mucho más la utilización de estas medidas excepcionales, especialmente en fase de tramitación de la inspección (hasta ahora se adoptaban una vez concluida la inspección), sin que todavía exista deuda derivada del acta, lo que complica  de forma significativa el procedimiento inspector, ya que se ramifica con  complejísimos procedimientos de recaudación.

Cabe hacer hincapié en que los inspectores de hacienda son el cuerpo de élite de la Agencia Tributaria, están especialmente preparados para desarrollar su trabajo y además disponen de toda una serie de medios y privilegios a su alcance (información a terceros, …). A ello, hay que añadir la gran complejidad de los procedimientos tributarios y la interrelación entre ellos (inspección con recaudación, …).

Es por ello, que para poder defender los intereses de los contribuyentes ante la inspección, los los despachos profesionales hemos de disponer de equipos multidisciplinares (abogados fiscalistas, procesalitas, economistas, …) altamente especializados en este tipo de actuaciones para poder afrontar con garantías las distintas fases del procedimiento.

En este vídeo de youtube sobre inspecciones de hacienda te resumimos la información de este articulo.


Sobre el autor:

abogado fiscal en barcelona

Albert Pujol

DiG Abogados

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