En DiG Abogados acompañamos a empresas y profesionales en concesiones y licitaciones públicas, desde la identificación de la oportunidad hasta la formalización del contrato y, cuando resulta necesario, la impugnación del resultado. Nuestro equipo de Derecho Administrativo analiza los pliegos, revisa la documentación y define la estrategia de la oferta, porque buena parte de las exclusiones se producen por cuestiones formales y no por el precio. Además, asesoramos a empresas de todos los sectores desde 1969, de modo que la licitación se aborda junto con sus implicaciones fiscales, laborales y societarias.
Cuando la exclusión o la adjudicación no se ajustan a los pliegos, valoramos el recurso especial en contratación pública y la vía contenciosa.
Prestamos asesoramiento en derecho público, medioambiental y europeo, adaptándonos al sector y al tamaño de cada proyecto. Puede consultar también nuestra página general de contratación pública.
La licitación pública es el procedimiento por el que una entidad del sector público invita a empresas y profesionales a presentar ofertas para ejecutar una obra, prestar un servicio o suministrar bienes; se rige por los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, y concluye con la adjudicación a la propuesta que mejor combina calidad y eficiencia económica.
La concesión, en cambio, es el contrato por el que la Administración otorga el derecho a explotar un servicio o un bien de dominio público durante un plazo determinado, asumiendo el concesionario inversiones y riesgo de explotación. Por tanto, aunque ambas figuras se adjudican mediante procedimientos de contratación, sus obligaciones y su equilibrio económico son distintos. Las convocatorias se publican en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en los perfiles de contratante de cada organismo.
Somos un despacho multidisciplinar con más de cincuenta años de trayectoria. El área de Derecho Administrativo trabaja de forma coordinada con el resto de áreas, lo que resulta especialmente útil cuando la licitación exige acreditar solvencia económica, constituir una unión temporal de empresas o revisar las implicaciones laborales de una subrogación.
De este modo su empresa recibe una respuesta única y no cuatro opiniones separadas.
El área está dirigida por Tomás Paricio, socio responsable de Derecho Administrativo, junto con Marcos Jiménez de Parga. Así pues, el mismo abogado que valora la convocatoria es el que asume después la defensa del expediente.
A continuación resumimos las dudas que nos plantean con más frecuencia las empresas que se presentan a un procedimiento de contratación.
Indíquenos el objeto de la convocatoria, el organismo que licita y la fecha límite de presentación. De este modo podremos decirle si su empresa reúne los requisitos y qué margen de actuación existe. Le responderemos con una valoración inicial y, cuando sea posible, con un presupuesto cerrado.
