Una persona jurídica es toda organización, empresa, fundación o asociación que posee personalidad propia e independiente de las personas físicas que la integran. Esto significa que puede ejercer derechos y asumir obligaciones, contratar, ser titular de bienes y, por supuesto, responder ante la ley. Por tanto, cuando una empresa aparece investigada como persona jurídica, significa que el sistema judicial la considera potencialmente responsable penal por hechos cometidos en su nombre o en su beneficio
El concepto de persona jurídica investigada
¿Qué implica ser investigado como persona jurídica?
Ser investigado como persona jurídica significa que el juez de instrucción atribuye a una empresa o entidad una posible responsabilidad penal por la comisión de un delito. Es decir, la empresa pasa a tener el estatus procesal de investigada, pudiendo ser llamada a declarar, aportar documentación o estar sujeta a medidas cautelares durante la fase de instrucción.
Este escenario no implica necesariamente que la empresa haya cometido un delito, sino que existen indicios razonables que justifican abrir una investigación. A partir de ese momento, la entidad cuenta con derechos procesales propios y debe comparecer a través de su representante legal y con asistencia letrada.
Base legal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
Hasta el año 2010, únicamente las personas físicas podían ser responsables penalmente en España. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 y su posterior modificación por la Ley Orgánica 1/2015, el Código Penal español incorporó los artículos 31 bis a 31 quinquies, que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Según el artículo 31 bis, una empresa puede ser penalmente responsable cuando:
El delito haya sido cometido en su nombre o por su cuenta, y en su beneficio directo o indirecto:
a) por sus administradores o representantes legales
b) por personas sometidas a la autoridad de los anteriores, siempre que se demuestre una falta de control o supervisión por parte de la dirección.
Asimismo, el artículo 31 bis.4 permite que la empresa sea eximida de responsabilidad si demuestra que antes del delito contaba con modelos de organización y gestión con medidas de vigilancia y control idóneas y eficaces para prevenirlo; es decir, si disponía de un programa de compliance penal operativo y real.
Diferencias entre persona física y persona jurídica investigada
| Aspecto | Persona física | Persona jurídica |
|---|---|---|
| Sujeto responsable | Individuo (administrador, empleado) | Entidad o empresa |
| Base legal | Principio de culpabilidad personal | Falta de control o beneficio empresarial |
| Sanciones aplicables | Prisión, multa, inhabilitación | Multa, disolución, suspensión de actividades |
| Representación procesal | Comparece personalmente o mediante abogado | Comparece mediante representante legal |
| Exoneración posible | Colaboración o arrepentimiento | Existencia de programas de compliance efectivos |
Estas diferencias son esenciales, ya que en la práctica pueden coexistir ambas responsabilidades: la del directivo o empleado que ejecutó el delito, y la de la empresa que se benefició del mismo y no adoptó controles adecuados para evitarlo.
Causas comunes de investigación penal contra empresas
Delitos más frecuentes que originan la investigación
En la actualidad, las causas más habituales que pueden llevar a una entidad a ser investigada como persona jurídica son las siguientes:
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Delitos económicos y financieros: estafa, blanqueo de capitales o insolvencias punibles.
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Delitos societarios: falseamiento de cuentas, tráfico de influencias o corrupción en los negocios.
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Delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social: malversación o fraude fiscal
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Delitos medioambientales, por vertidos ilegales o contaminación.
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Delitos laborales, especialmente por incumplimiento de normas de seguridad.
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Delitos informáticos: acceso ilícito a sistemas o robo de datos personales.
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Corrupción entre particulares y soborno a funcionarios.
Estos delitos pueden ser cometidos por acción directa (por ejemplo, un administrador que manipula cuentas) o por omisión, cuando la empresa no cuenta con controles internos eficaces.
Inicio del procedimiento penal
Una investigación penal contra una persona jurídica puede iniciarse de diversas formas:
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Denuncia o querella presentada por un particular, un competidor o una autoridad.
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Investigación previa de organismos administrativos (como Hacienda o la Inspección de Trabajo) que detectan indicios delictivos.
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Actuaciones de la Fiscalía, especialmente en delitos económicos o de corrupción.
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Colaboración internacional, si se detectan operaciones sospechosas en varios países.
Una vez que el juez aprecia indicios, emite un auto de incoación de diligencias de investigación, notificando a la empresa su condición de investigada. A partir de ese momento, la compañía debe designar un representante procesal y comenzar su defensa.
Consecuencias de ser investigado como persona jurídica
Consecuencias legales directas
El Código Penal español, en su artículo 33.7, establece un catálogo de sanciones aplicables a las personas jurídicas. Entre las más relevantes se encuentran:
| Tipo de pena | Descripción |
|---|---|
| Multa por cuotas o proporcional | Puede ascender a varios millones de euros, según la magnitud del delito. |
| Disolución de la persona jurídica | Supone la desaparición legal de la empresa. |
| Suspensión de actividades | Hasta por cinco años, total o parcial. |
| Clausura de locales o establecimientos | Durante el mismo periodo, impidiendo la actividad comercial. |
| Prohibición de realizar determinadas actividades | Especialmente aquellas relacionadas con el delito. |
| Inhabilitación para contratar con el sector público | O para recibir subvenciones y ayudas. |
| Intervención judicial | Para proteger los derechos de empleados y acreedores. |
Estas sanciones pueden tener un impacto devastador en la continuidad de la empresa, incluso antes de que exista una sentencia firme, por lo que la defensa preventiva es esencial.
Consecuencias reputacionales y comerciales
Además de las sanciones penales, estar siendo investigado como persona jurídica puede generar graves daños reputacionales y económicos:
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Pérdida de confianza por parte de clientes, socios e inversores.
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Dificultades para acceder a financiación o licitaciones públicas.
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Caída del valor de marca y del prestigio corporativo.
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Conflictos internos y pérdida de talento profesional.
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Cobertura mediática negativa que puede amplificar el daño.
Por tanto, la gestión de la crisis y la comunicación corporativa son elementos clave para mitigar el impacto de la investigación en la imagen de la empresa.
Cómo debe actuar una empresa investigada como persona jurídica
Derechos procesales de la persona jurídica
A pesar de ser una entidad, la persona jurídica goza de derechos procesales propios, tales como:
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Derecho a ser informada de los hechos que se le imputan.
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Derecho a contar con asistencia letrada especializada.
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Derecho a presentar pruebas, alegaciones y recursos.
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Derecho a la presunción de inocencia hasta sentencia firme.
En DiG Abogados, acompañamos a las empresas en todas las fases del proceso penal, asegurando el pleno ejercicio de estos derechos y la elaboración de una estrategia de defensa sólida y técnica.
Estrategia de defensa y actuación inmediata
Ante una investigación penal, la empresa debe actuar con rapidez y rigor. Los pasos esenciales son:
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Recopilar toda la documentación relevante (contratos, correos, informes contables).
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Analizar la estructura de cumplimiento interno (compliance).
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Nombrar al representante procesal conforme al art. 119 LECrim.
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Determinar la estrategia de colaboración o silencio procesal.
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Preparar auditorías o informes periciales que acrediten la diligencia empresarial.
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Coordinar la comunicación interna y externa para evitar daños adicionales.
El papel del compliance penal
El compliance penal es el sistema de prevención de riesgos que permite a una empresa anticiparse a los delitos y demostrar su buena fe ante una investigación.
Elementos esenciales de un programa de compliance
Un modelo de compliance penal eficaz debe incluir:
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Mapa de riesgos penales específicos de la actividad empresarial.
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Código ético y políticas anticorrupción.
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Canales de denuncia confidenciales.
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Formación periódica del personal.
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Supervisión por un compliance officer independiente.
Efectos jurídicos del compliance
Cuando una empresa acredita haber implantado un sistema real y eficaz de prevención, el tribunal puede eximirla de responsabilidad penal o, al menos, atenuar la sanción. En otras palabras, el compliance penal no solo protege, sino que también actúa como escudo legal frente a eventuales imputaciones.
Preguntas frecuentes sobre ser investigada como persona jurídica
1. ¿Ser investigado significa ser culpable?
No. Estar investigado como persona jurídica no equivale a ser culpable. Significa únicamente que el juez o la Fiscalía han encontrado indicios suficientes para abrir una investigación. La empresa conserva su presunción de inocencia y tiene derecho a ejercer su defensa.
Durante esta fase, se analizan los hechos, se recogen pruebas y se determina si existe o no responsabilidad penal. Con una defensa sólida y una actitud colaboradora, muchas causas se archivan sin llegar a juicio.
2. ¿Quién representa a la empresa durante el proceso penal?
Toda persona jurídica debe designar un representante procesal, normalmente el administrador, el presidente del consejo o una persona autorizada por la junta directiva. Este representante comparece en nombre de la empresa, siempre asistido por un abogado penalista especializado.
Es fundamental que dicha representación esté correctamente documentada, ya que cualquier error en este punto puede afectar la validez del procedimiento.
3. ¿Puede una empresa ser absuelta aunque un directivo sea condenado?
Sí. La responsabilidad de la empresa y la de sus directivos son independientes. Si la compañía demuestra que el delito se cometió sin su conocimiento o beneficio, o que contaba con controles adecuados para evitarlo, puede resultar absuelta aunque un empleado o administrador sea condenado.
La existencia de un programa de compliance penal eficaz es clave para acreditar esa diligencia y desligar la responsabilidad de la entidad.
4. ¿Qué ocurre si no tengo un programa de compliance?
La falta de compliance penal no implica automáticamente culpabilidad, pero debilita la posición defensiva de la empresa. Los jueces valoran muy positivamente la existencia de políticas de control, protocolos éticos y mecanismos de prevención de delitos.
En cambio, no disponer de ellos puede interpretarse como negligencia organizativa. Por eso, es recomendable contar con asesoramiento experto para implantar un modelo de cumplimiento adaptado al sector y tamaño de la compañía.
5. ¿Cuánto puede durar una investigación penal de una persona jurídica?
Depende de la complejidad del caso, el volumen de documentación y la colaboración de las partes. En general, los procesos penales que afectan a empresas pueden prolongarse entre uno y tres años antes de llegar a juicio.
Durante este tiempo, es fundamental mantener una comunicación constante con el abogado defensor, conservar toda la información relevante y evitar declaraciones públicas que puedan perjudicar la estrategia jurídica.
